En "Derecho Penitenciario Vivido", Mario Conde, bajo la dirección de Carlos María Romeo Casabona, ofrece un análisis crítico y profundamente personal sobre el sistema penitenciario español. A lo largo de 320 páginas, Conde desgrana las complejidades y contradicciones de las leyes y su aplicación dentro de las prisiones, basándose no solo en su conocimiento teórico como jurista, sino también en su experiencia directa como recluso.
El libro se inicia con una introducción donde Conde explica sus motivos para abordar esta obra, seguido de varios capítulos que se adentran en la relación de sujeción especial, los medios coercitivos, la violencia, malos tratos y torturas dentro del contexto penitenciario. A través de un análisis detallado de sentencias del Tribunal Constitucional y otros documentos legales, el autor expone las contradicciones entre la teoría del derecho penitenciario y la práctica dentro de los muros de la cárcel.
En los capítulos subsiguientes, Conde detalla el sistema de permisos de salida, discutiendo la falta de derechos reales para los prisioneros y la arbitrariedad con la que se conceden o deniegan estos permisos. Se examina la clasificación de los reclusos en diferentes grados y cómo esto afecta su acceso a beneficios penitenciarios, incluyendo la problemática de la acumulación de condenas y la aplicación de la prisión preventiva.
El texto también se adentra en los criterios usados habitualmente para negar permisos, como la gravedad del delito o la supuesta alarma social que la liberación del recluso podría causar. Conde critica duramente la influencia de la política y los medios de comunicación en estas decisiones, argumentando que muchas veces se anteponen a una valoración objetiva y justa de la situación individual del recluso.
"Derecho Penitenciario Vivido" no solo es un testimonio personal de Mario Conde sobre sus años en prisión, sino también un estudio erudito sobre las fallas y desafíos del sistema penitenciario español. A través de su narrativa, busca iluminar y provocar un debate sobre la reforma necesaria en la administración de justicia penal, abogando por un enfoque más humano y equitativo que respete los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su estatus legal.
